Dos de los seis postulantes que quedan en el concurso de méritos y oposición para designar al próximo titular de la Defensoría Pública tienen relación con elcorreísmo. Inés Maritza Romero Estevez fue adherente permanente del extinto movimiento político Alianza País, mientras que Ricardo Wladimir Morales Vela fue subsecretario de Rehabilitación en el desaparecido Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, en el Gobierno de Rafael Correa (2007-2017).
Romero, pese a aparecer cuarta en la lista de mejores calificados en el concurso, es la que tiene más posibilidades de asumir el cargo. Y es que este lunes 3 de junio el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) aceptó la renuncia al proceso de Daniel Frías y dejó fuera a Byron Guillén y Jorge Ballesteros por una transgresión del principio de probidad.
La candidata encabezó en 2022 la terna que envió el entonces presidente de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), Iván Saquicela, para presidir el Consejo de la Judicatura (CJ). Su moción fue cuestionada debido a sus vinculaciones políticas.
Antes de ser jueza, Romero también fue funcionaria del Gobierno de Correa. En 2012, por ejemplo, se desempeñaba como asesora del Ministerio de Justicia.
Como magistrada, fue jueza ponente del caso Pases Policiales, que involucró a altos funcionarios del correísmo, como el exministro del Interior, José Serrano. Aunque el exfuncionario fue sobreseído porque la Fiscalía General del Estado (FGE) no presentó acusación, en la audiencia de juzgamiento Romero reconoció ser militante del correísmo.
Por otra parte, en 2022, fue Romero quien grabó una conversación entre los exvocales del CJ, Maribel Barreno y Juan José Morillo, y un juez para influir en la acción de protección que presentó la extitular de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori, para evitar ser destituida.
La grabación llegó primero a manos del sucesor de Llori, Virgilio Saquicela, que a la FGE.
Luego de Romero, en la lista de los mejores calificados, aparece Wilson Guillermo Ortega Caicedo, quien es juez del Tribunal Contencioso Electoral (TCE). Un informe del departamento jurídico del Cpccs recomienda que también sea descalificado.
En el sexto casillero está Ricardo Morales, quien fue subsecretario del Ministerio de Justicia durante el correísmo.
La lista de postulantes la completan Yolanda Magdalena Yerovi Nogales, Margarita Virginia Gualotuña Cruz y Jorge Aníbal Torres Farinango.
El trámite para la designación del próximo defensor público está en la etapa final. El interés por el cargo, más allá de las funciones, estaría en la representación en el Consejo de la Judicatura.
