La Asamblea tenía razón: el Gobierno de Daniel Noboa vetó parcialmente la Ley de lavado de activos fuera de tiempo. Así lo determinó la propia Corte Constitucional (CC) este 28 de agosto de 2024.
La CC explicó que no es posible “ejercer un control previo de constitucionalidad (…) por lo que ya forma parte del ordenamiento jurídico”.
El lío surgió cuando el presidente Noboa se pronunció sobre dicha ley el 25 de julio, cuando tenía plazo máximo hasta el 24. En consecuencia, la Asamblea dijo que tal veto ya no tenía validez y la envió al Registro Oficial el 29 de julio.
Por su parte, el Ejecutivo dijo que sí lo hizo dentro del plazo y recurrió a la CC. Se trataba de un nuevo enredo entre el Gobierno y el Legislativo.
“La Corte Constitucional ha confirmado la legalidad de lo actuado por el Legislativo, negando la pretensión de la Secretaría Jurídica de la Función Ejecutiva”, subrayó el Parlamento en un comunicado.
Una de las reformas en la Ley de lavado de activos tiene que ver con el director de la Unidad de Análisis Financiero (UAFE). Ahora será designado por la Asamblea de una terna que envíe el Presidente, cuando antes era potestad exclusiva del Primer Mandatario.
